Atención jurídica a las víctimas

La última sesión del curso de verano dedicado a la violencia de género se ha abierto con la conferencia La atención jurídica a las víctimas de la violencia de género desde el centro asesor de la mujer, impartida por Carla García Mateo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Pública.

Desde una visión práctica, García Mateo ha dividido en cinco bloques su ponencia, basada en un análisis de las competencias y las diferencias de marco entre la abogacía de parte y la asesoría del Centro de la Mujer, en una radiografía de la violencia transversal, en la violencia vicaria, la autopsia jurídica y, finalmente, en un caso interactivo. 

Las diferentes áreas que conforman la asistencia a la víctimas -el área laboral, social, psicológica y jurídica- trabajan juntas con el objetivo de "no revictimizar" a la mujer que ha sufrido la violencia de género. Se necesitan las unas a las otras para que todo el proceso se pueda "fundamentar en una acción legal", ha dicho. La experta ha querido distinguir también entre el área urbana y el área rural. En ésta última existen características particulares y "resistencias", como el aislamiento o el transporte, que pueden suponer una "limitación" y que se intenta suplir, en el caso de los centros de la mujer, "con la coordinación con el Ayuntamiento", que facilita la realización de trámites burocráticos, por ejemplo.

Abogacía de parte vs. Centro de Mujer

Si bien es un recurso especializado en violencia de género, la asesoría jurídica del centro de la mujer abarca todas las ramas del Derecho. Las principales diferencias entre la asistencia gratuita y privada, según la experta, se basan en "quién paga a la persona que representas" y en "los tiempos", más cortos en el caso de la gratuita, además de la especialización (depende de si la víctima elige la vía civil o penal).

En cambio, en los centros de la mujer, donde "trabajamos, sobre todo, con mujeres de nivel económico medio y bajo", se realiza un "asesoramiento íntegro". Más que las pruebas, importa "el relato cronológico", ha afirmado García Mateo. "Esta es la estrategia que tenemos que marcar y es un sostenimiento paralelo de la mujer". 

Las diferencias también existen en la presión asistencial respecto a las demandas. Los porcentajes del total de mujeres atendidas difieren del porcentaje sobre el total de consultas reales, dependiendo del área jurídica de que se trate, ya sea Derecho Civil (custodias, vivienda), Derecho Penal (órdenes de protección), Administrativo (recursos y trámites) o Fiscal (impuestos y sucesiones).

Post operatorio penal

Existen limitaciones penales en la práctica. Entre ellas, ha contado la abogada, los juicios rápidos con pruebas escasas que se basan casi únicamente "en el discurso" de la víctima y terminan con el archivo de la causa; o bien, casos de juicios rápidos por una denuncia tras un episodio concreto de un día, que culminan con una sentencia de violencia doméstica (en el ámbito del domicilio, intrafamiliar) y no de género porque el juez tiene en cuenta únicamente el parte de lesiones de ese día en concreto y no el histórico de violencia que lleva sufriendo esa mujer. ¿Y por qué no se tiene en cuenta ese histórico? Porque previamente, esa misma mujer, en un juicio anterior con sentencia condenatoria de año y medio de cárcel para el agresor, terminó retirando la denuncia. "Al quitarla, el caso se archivó y el agresor no entró en la cárcel", ha explicado. Por tanto, tampoco hay histórico. En todo caso, "los jueces juzgan lo que tienen en el momento, basándose en las pruebas y los indicios que tienen".

Esto ha llevado a García Mateo a reivindicar la importancia del filtro de las "gafas moradas", ya que "en un despacho de Civil te gestionarán el divorcio", pero "no entrarán en si hay violencia de género o no". Por eso, ha explicado, "también es importante la intervención conjunta", que no se hace en un despacho de abogados y sí en los centros de la mujer.

"Muchas veces, las víctimas sólo tienen su discurso y nosotras hacemos un ejercicio añadido de contención emocional", ha contado, haciendo referencia a un caso real de "una mujer que tiene que mantener relaciones sexuales, sin consentimiento por su parte, todos los días por la mañana antes de que su marido se vaya a trabajar". En este episodio queda patente la dificultad de demostrar que hay violencia de género: "¿cómo puede probarlo esa mujer, habiendo una relación matrimonial y sin pruebas? Pues sólo con su testimonio". 

García Mateo ha contado, en este punto, las diferentes prácticas de violencia de género que existen en diferentes ramas del Derecho y que ha tildado de "desgastantes". Entre ellas, modificaciones de medidas judiciales constantes "por minucias", el "uso del aparato judicial para agotar psicológicamente a la mujer y arruinarla en minutas de abogados y procuradores", dejar de pagar la mitad de la hipoteca común para forzar el embargo bancario, negarse a salir del padrón municipal para que sus ingresos sigan computando y evitar así que la Administración deniegue a la mujer el Ingreso Mínimo Vital o becas de comedor; el control ambiental continuado (fiscalización de tickets de compra o videollamadas obligatorias), usurpar la Cl@ve PIN o el certificado digital de la mujer para cambiar la cuenta corriente o firmar préstamos bancarios, declarar pérdidas falsas o reducirse la nómina si es autónomo para que el juzgado fije pensiones mínimas (100 euros) mientras él mantiene en realidad un nivel alto de vida o el chantaje de custodia, es decir, "exigir la custodia compartida de fachada para eludir la pensión de alimentos y mantener un control semanal". 

Nuestra labor es, en todo ello, "detectar y desmontar la estrategia del agresor siempre teniendo presente la presunción de inocencia", pero nunca "calificamos", eso es tarea del juzgado. Y en este proceso, ha precisado la ponente, a veces ocurre que "la justicia ordinaria se vuelve cómplice por omisión al no tener la perspectiva del género".

El mapa ampliado de las violencias ocultas

La experta también ha enunciado las diferentes violencias que existen:

• Violencia digital: control invasivo mediante geolocalización, acceso a claves y ciberacoso en redes.
• Violencia ambiental: destrucción u ocultación selectiva de objetos, documentos personales o enseres de alto valor sentimental así como agresión a mascotas).
• Violencia instrumental: instrumentalización de la vía judicial civil o administrativa con el fin de prolongar el acoso y el desgaste.
• Control coercitivo: prisión sin barrotes o jaulas de oro, monitorización ambiental con cuentakilómetros, tickets, videollamadas invasivas...
• Violencia económica: estrategia del "grifo", impagos parciales o tardíos de pensiones para forzar la humillación y el ruego.
• Abuso patrimonial: avales forzados para provocar la "muerte civil", bloqueo de herencias.

En todo este proceso, los niños también son una pieza imprescindible que cuidar y es complicado. Hay problemas, como la patria potestad, cuya "motivación" es competencia del juzgado; la decisión de las pernoctas, la recogida de los menores tras el encuentro con el progenitor, desacuerdos en la patria potestad, lo que afecta a la salud mental del menor, etc... "la burocracia defensiva de instituciones exige la doble firma para actos ordinarios de los niños, como los médicos o los trámites escolares, permitiendo el control a distancia del agresor", lo que la experta califica de "veto institucional", añadiendo: "el sentido común nos dice que hay que proteger a los niños y que debería primar el interés de los menores, pero en la práctica es que no", ha dicho.  

La ponencia ha finalizado con un caso práctico de una usuaria de 38 años y un hijo de 6 que acude a la asesoría jurídica del centro de la mujer con una enorme frustración burocrática provocada por un patrón de bloqueo institucional. No se le conceden ayudas porque se descubre que la expareja continúa empadronado en la vivienda familiar de forma ficticia. Además, al revisar la viabilidad de reclamar la pensión, la trabajadora social descubre que el padre trabaja en 'B', una situación que él mismo le exigió a ella que aceptara cuando convivían para pagar menos alquiler. 

"La estrategia de defensa, en este caso, es doble", ha explicado García Mateo: por un lado, trabajo con el Ayuntamiento para abordar todas las cuestiones administrativas; y por otro, la vía civil para implantar medidas paterno-filiales para poder fijar la pensión por vía judicial.